martes, 9 de diciembre de 2008

Hacia una alternativa a Esperanza Aguirre: POR UNA CARTA DE CIUDADANÍA EN MADRID (Parte II)

Los posts de esta semana no serán del autor de Ventanas del Falcón. En este blog aparecerán, en cinco partes, un texto del coordinador del Foro Social de Madrid, Carlos Girbau. Es un análisis sobre la situación en la Comunidad de Madrid y una exposición sobre cómo caminar hacia posibles alternativas a la política del PP en Madrid.

CIUDADANIA VERSUS MANDAMIENTOS NEOLIBERALES
El centro de toda la pelea política que hoy se vive en Madrid es el concepto mismo de ciudadanía y, en este sentido, los derechos que todo ciudadano tiene por el hecho de serlo. La defensa del concepto de ciudadanía no es algo semántico. CIUDADANÍA representa la base misma que mide la calidad de la democracia, ya que el concepto engloba derechos civiles, políticos y sociales. La calidad de esa ciudadanía, lo que es lo mismo, de la democracia, pasa por la forma en que se garantiza de manera efectiva el disfrute de los mismos.[1]

No es por casualidad que sean los derechos sociales, aquellos que deben garantizar una vida digna y que, por tanto, incluyen además del derecho al trabajo o a la vivienda, el acceso a bienes esenciales como la salud y la educación, los que estén en el ojo del huracán. Y es que ambos, “salud y educación tienen un peso superior en la economía al que tenían hace una década los monopolios de la empresa pública en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones o transporte aéreo”[2]. En otras palabras, representan sujetos de posible negocio (mercantilización) para las grandes empresas.
Ahora bien, tales derechos sociales lo son y con ello caracterizan el Estado del bienestar precisamente por ser éste, el Estado, el que garantiza el acceso a los mismos para toda la población con un plus a favor de los sectores más vulnerables; son derechos precisamente por el hecho de no ser mercancía[3]. Retorcer esta máxima y caminar hacia su mercantilización afecta gravemente al derecho mismo y, con ello, a la ciudadanía que lo ostenta y por ende, a la calidad de una democracia asentada en los ciudadanos. Es decir, en personas que por serlo, poseen derechos.

El PP de Madrid en su último congreso regional de septiembre decidió bajo el pomposo título de “Tercera ola de modernización” y el supuesto máximo mandamiento de la “libertad de elección” ponerse manos a la obra en el objetivo de purgar todo lo que tenga que ver con lo público en Sanidad y educación, y ahora también en el agua. Aunque su fórmula es de lo más tramposa y el discurso ideológico que la sujeta apenas se sostiene, como sucede con la lluvia fina, termina calando.

Esa supuesta ola modernizadora es en realidad un tsunami contra nuestros derechos. Las frases clave son: libertad de elección y recuperación por parte de la sociedad del protagonismo que le corresponde[4]. En el fondo se presentan los servicios públicos como opciones a elegir por parte del individuo. Se trata a la salud y educación como si fueran tipos de carne o de refrescos en un supermercado. Al margen de la frivolidad del símil, nadie explica cómo es posible que, por ejemplo, los pacientes asignados a los nuevos hospitales madrileños, ninguno de ellos público y alguno 100 x100 privado como Valdemoro, no puedan “escoger servicio”. Según la tesis del PP, se es más libre si se escoge. A la hora de la verdad, su supuesta libertad se transforma en “esclavitud” a un sistema privado que absorbe una parte sustancial de los recursos públicos a favor de grandes empresas. La sociedad no recupera nada, al contrario, el resultado de su esfuerzo colectivo es hipotecado a esas concesiones y a una deuda pública que no para de crecer. Aquí nadie escoge; se nos impone todo desde un gobierno neoliberal extremo.

[1] Se entiende por derechos civiles, la capacidad para el ejercicio de las libertades individuales fundamentales relativas a la vida, la libertad de expresión, etc... Se entiende por derechos políticos esencialmente la capacidad de participar e influir en procesos a través de los cuales se configuran gobiernos.
[2] XIV Congreso del PP de Madrid, ponencia “servicios públicos de calidad”
[3] Mercancía es todo aquello que se puede vender y comprar en el mercado a cambio de otra mercancía o de dinero. De acuerdo con la economía clásica para que un bien tenga la categoría de mercancía su consumo debe ser excluyente, debe tener la característica de un bien privado. Dicho de otra manera, el que una persona lo consuma determina que otra no pueda hacerlo lo que lleva aparejado a la vez el que se pueda negar el acceso a ese bien a alguien sino paga por ello.
[4] XIV congreso del PP de Madrid, ponencia “servicios públicos de calidad”

1 comentario:

Mortal Contribuyente dijo...

Veamos, no soy partidario de lo “público” ni la plaza en propiedad, pero si tengo claro que los costes de lo público son mayores que los privados, y prefiero ahorrarme una disertación aquí por la cantidad de conceptos a incluir.

Lo importante es la gestión, de lo público y lo privado, y sobre todo los “chanchullos” y favoritismos para hacerse con la licitación, obtenida esta, la continuidad, de nada serviría una adjudicación de lo público a lo privado, incrementando costes y peor gestión, independientemente de los inconvenientes de la subrogación de las plantillas.

Por ejemplo sanidad; porque en España no es incompatible un médico ejerza en la pública y la privada, algo prohibido en el resto de la UE…. ¿cuestión de salario?

Porque se hacen conciertos con la privada a unos costes muy superiores de lo que supone en la pública.

¿Por qué los funcionarios, disfrutan de otros estatutos distintos (según de la administración que se trate) al estatuto general de los trabajadores y convenios distintos?

Si todos trabajadores nos rigiésemos por el mismo estatuto y convenio, según sector la subrogación de la plantilla y privilegios sería distinto, lo mismo sucedería con el gasto empresarial de proveedores y los directivos, si en verdad se aplicaran con criterios de la empresa privada, no sirve para nada externalizar para incrementar costes y perjudicar al trabajador aunque tenga que renunciar a sus privilegios.

Chanchullos no, para eso mejor dejarlo como está