viernes, 2 de enero de 2009

Que Esperanza Aguirre no pueda segregar por sexo en colegios con fondos públicos

La separación de alumnos en función del sexo es un anacronismo impropio de una sociedad moderna y democrática, por tanto no puede ser subvencionado con el dinero de todos los madrileños. Esta práctica es contraria a la LOE, a la Constitución y al sentido común. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado mes de abril, que establece que los centros no podrán discriminar al alumnado por razón de sexo, y que permite que se nieguen las subvenciones a los colegios que lo hagan.

Los colegios que separan en distintas aulas a niños y niñas lo hacen porque consideran que hay que educarlos de forma distinta para cosas distintas, y eso no es tolerable. Es perjudicial para los alumnos y para una sociedad que tiene que seguir avanzando en la igualdad de género. La coeducación debe ser un principio básico en nuestro sistema de enseñanza.

El 11 de Noviembre Ventanas del Falcón adelantó que Esperanza Aguirre segrega a niños y niñas con dinero público en Alcorcón. El colegio Juan Pablo II abrirá el próximo curso en Alcorcón y prevé aulas diferentes durante los ciclos de primaria y secundaria, es decir, entre los 6 y los 16 años.

1 comentario:

Anónimo dijo...

MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA Y EL DERECHO A ELEGIR CENTRO

La educación diferenciada no es discriminatoria. Discriminar significa separar para perjudicar. Lo que aquí defendemos es la educación diferenciada como modelo pedagógico que separa a alumnos que son diferentes para beneficiar a todos en su itinerario escolar potenciando al máximo las capacidades humanas y académicas de cada alumno de acuerdo a sus diferencias en el aprendizaje y ritmos madurativos. No todos los alumnos tienen iguales procesos físicos, psicológicos, sociales y evolutivos de maduración; al separarles se consiguen resultados académicos y formativos mejores.

No se puede pretender obligar a todos los alumnos a someterse al mismo modelo educativo cuando está claro que sus circunstancias no son las mismas. No está en la misma situación el hijo de unos padres con buena situación económica, estudios universitarios, elevado nivel social y que desempeñan actividades profesionales muy cualificadas con el hijo de padres sin formación alguna que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y en cuya vivienda jamás se ha leído un libro. Empeñarnos en enviar a ricos y pobres al mismo centro educativo perjudica a ambos; unos se verán frenados en su desarrollo al compartir aula y profesor con compañeros que parten de un nivel cultural y una motivación mucho más limitados; los otros serán condenados a la frustración de no estar a la altura y de ser motivo de burla y desprecio por sus compañeros con mayores aptitudes.

No es razonable obligar a compartir el mismo centro a payos y gitanos. Los primeros por influencia familiar están mucho más centrados en sus estudios y tienen la ambición de alcanzar los niveles superiores. Los segundos, en razón de la cultura propia de su grupo étnico, no suelen tener interés en acabar sus estudios sino que ya desde muy jóvenes se inician en actividades laborales o, sin son mujeres, sólo aspiran a formar una familia.

Tampoco se debe mezclar a la población autóctona con la inmigrante. Los alumnos inmigrantes suelen tener otras pautas culturales y necesitan acomodarse a la sociedad a la que acaban de incorporarse; a menudo tienen también un obstáculo lingüístico a superar. Por ello necesitan una atención diferente y especializada respecto del alumno autóctono. Mezclarlos en las mismas aulas supone un perjuicio para todos y una dificultad insuperable para el profesorado que no puede atender debidamente a cada uno.

Tampoco deben ser agrupados alumnos normales con los que tienen alguna minusvalía física o psíquica. Y por supuesto no hay por qué mezclar niños y niñas cuando aunque tienen los mismos derechos son completamente diferentes en todo lo demás.

Los países más avanzados son partidarios de ampliar el abanico de opciones educativas al máximo posible y siguen la línea del reconocimiento fundado de la necesidad de aceptar las escuelas diferenciadas y segregadas. Lo realmente democrático es dar la posibilidad de elegir libremente la opción que se considera preferible para el mejor desarrollo de la educación de los hijos. El Tribunal Constitucional (STC 5/1981) considera que el derecho a establecer un ideario propio no está limitado a los aspectos religiosos y morales de la actividad educativa, sino que puede extenderse a los distintos aspectos de su actividad. La Convención Internacional para la Lucha contra las Discriminaciones en el Ámbito de la Educación de la UNESCO dice que la enseñanza separada para niños y niñas no discrimina por razón de sexo siempre que esos sistemas y establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudios o programas equivalentes, y el mismo argumento es extensible a otras diferencias.

Debe primar el derecho de las familias a la libre elección de modelo educativo y el apoyo económico desde el poder público que garantice el ejercicio de ese derecho. Es perfectamente legítima la libertad de los centros y de las familias para optar por la red pública o la concertada, si quieren un modelo de jornada flexible o continua, el predominio curricular de una lengua como el euskera, el castellano, el inglés, el chino, el árabe o el francés, la educación religiosa, laica o atea, la visión católica conciliar, de los quicos o del Opus, la enseñanza mixta o la educación diferenciada de niños y niñas, si quieren un centro elitista o uno integrador, si quieren una educación democrática o una autoritaria, si la quieren patriótica o abertzale, si quieren historia de España o historia de Euskal Herria, si prefieren una educación en valores o solamente en conocimientos técnicos, si admiten castigos físicos o los prohíben, si quieren un centro con inmigrantes o solo para indígenas, si optan por el mestizaje o prefieren la pureza racial, si admiten gitanos en su colegio o solo payos. Modelos todos ellos igualmente admisibles y con la misma vocación de calidad pero adaptada a cada caso.

Los padres tienen derecho a ver satisfechos sus deseos, que para eso son los primeros educadores de sus hijos y pagan sus impuestos. Los padres que quieren que sus hijos solo se relacionen con personas de su misma clase social, o de su vecindad, o de sus mismas ideas políticas, tienen derecho a que se les respete. Los padres pijos tienen derecho a elegir colegios pijos, los padres progres colegios progres, los padres ultras deben ver reconocido su derecho a una educación intolerante para sus hijos.

Hay que garantizar que la sociedad navarra pueda seguir optando en condiciones de igualdad y no de discriminación económica entre los diferentes modelos con sus planteamientos ideológicos, pedagógicos y curriculares. El auténtico progresismo es aquél que amplía derechos a todos y no excluye a los que optan por un determinado modelo pedagógico ya esté basado en la personalización atendiendo a las diferencias de sexo, idioma, religión, raza, nivel económico, origen étnico, nacionalidad, ideas políticas o prejuicios sociales. Muchos de los problemas de convivencia que se están planteando actualmente pueden solventarse simplemente con una adecuada segregación desde la edad escolar. Con igualdad de derechos para todos, claro.