lunes, 7 de junio de 2010

Profesores de la Educación Pública, a la Huelga del 8-J

Los recortes salariales impuestos por el Gobierno a los empleados públicos en el marco de las medidas extraordinarias para reducir el déficit público que recoge el real decreto-ley publicado en el BOE del día 24 de mayo, supondrán unas reducciones en los sueldos del profesorado de la enseñanza pública de entre el 5,5 y el 7,5%. En España hay alrededor de medio millón de docentes que imparten enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios.

Las llamadas retribuciones complementarias del personal docente de la enseñanza pública de los niveles no universitarios dependen de las comunidades autónomas, por lo que es imposible dar los porcentajes exactos de disminución de las retribuciones del personal docente en todo el Estado.

Con los datos ya publicados en el Real Decreto Ley 8/2010 y suponiendo que las comunidades autónomas aplicarán una disminución del 5% en los complementos específicos que cobramos los docentes, se puede afirmar que la inmensa mayoría se verán afectados sus salarios por una reducción de entre el 5,5% y el 7,5%.

En la parte baja de la horquilla de porcentajes se encuentran los funcionarios de los cuerpo del grupo A2 (Maestros, Profesores Técnicos de FP, Maestros de Taller) y en la parte alta los funcionarios de los cuerpos de grupo A1 (Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas).

La reducción será más suave en las nóminas mensuales y será especialmente dura en la paga extra de diciembre de 2010, que se verá notablemente reducida. El Gobierno se acaba de cargar de un plumazo el logro histórico que había supuesto para los empleados públicos el poder tener pagas extraordinarias completas, como la gran mayoría de los trabajadores de este país.

Por otra parte, los salarios del personal laboral del sector público que trabaja en centros educativos experimentará una reducción del 5% de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, dependiendo del criterio que adopte cada comunidad autónoma, según el decreto-ley. Este personal, que en el Estado suman unas 50.000 personas, viene percibiendo unos sueldos que se encuentran entre los más bajos de las administraciones públicas, por lo que este recorte agravará aún más su precariedad retributiva.

Ante este ataque insólito contra los empleados públicos en la historia de nuestra democracia, CCOO, y en particular la Federación de Enseñanza, hace un llamamiento al sector para que se sume a la huelga convocada el próximo 8 de junio. Las medidas aprobadas no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.

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