miércoles, 25 de mayo de 2011

Además de la Educación y la Sanidad el objetivo de Esperanza Aguirre es PRIVATIZAR también LA JUSTICIA

  Esperanza Aguirre ha decidido suspender a partir del 1 de junio las designaciones de abogados de turno de oficio. Esto implica la suspensión de la asistencia jurídica gratuita. Como en otros ámbitos el gobierno de Aguirre ha propiciado el deterioro de esta asistencia gratuita en la Comunidad de Madrid (como servicio público esencial y única vía de acceso a la justicia para decenas de miles de ciudadanos, los más vulnerables) para tener una excusa para privatizarlo.

Desde el año 2003 en que la Comunidad asumió competencias en materia de justicia nunca se han revisado las remuneraciones de los abogados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita, por lo que su valor por prestación es cada vez más bajo, mientras aumenta para el abogado el coste de su actividad profesional. Además, las demoras de la Comunidad en el cumplimiento de sus obligaciones económicas se han hecho constantes.

El gobierno de Esperanza Aguirre incumple sus obligaciones legales. Ha contravenido el modelo de servicio público que, a partir de la Constitución, configuran la Ley 1/1996, el Real Decreto 996/2003. También se contraviene el Decreto 86/2003 de la Comunidad de Madrid  sobre la financiación pública de los servicios por la Administración Pública territorial competente, de modo que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

y el agua (canal de isabel ii) y la televisión pública, ..................................... .. .

M dijo...

¿y te extraña? cada legislatura con aguirre será peor. llegaremos al fascismo.

YO dijo...

No llegaremos al fascismo. A estos efectos YA estamos en el fascismo.Lo alucinante es que incumplimientos y tropelías de este tipo pasen con total impunidad.

Anónimo dijo...

¿Alguien sabe qué es el fascismo?

Jorge Alexandre dijo...

Dios santo, sin ánimo de crear polémica. Pero este artículo es la demostración de la arbitrariedad y la demagogia en grado máximo ¡¡Si tenéis el propio artículo original en la noticia!! Leedlo y veréis que las cosas no son, ni de lejos, lo que dice esta persona.
Existe un problema de financiación del ICAM, que ha decidido paralizar sus servicios no esenciales (los detenidos seguirán teniendo derecho a un abogado, etc.), hasta que se llegue a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para revisar el dinero adeudado y los convenios salariales.
De ahí a decir que se quiere privatizar la justicia (lo cual es imposible por motivos constitucionales), o que la decisión es de Esperanza Aguirre, como el artículo afirma tajantemente y faltando a la verdad; pues hay un mundo.
Yo no voto PP, antes de que me saltéis a la yugular, pero soy una persona con criterio jurídico firme, y muy en contra de los hooliganismos.
Un saludo

Roberto dijo...

Jorge Alexandre, la información de la noticia se queda corta. Y la verdadera intención de E. Aguirre es privatizar el servicio, para lo que no hay que cambiar la constitución, sino que basta con cambiar la ley 1/96, cosa que podrá hacer una vez que gobierne Rajoy.

Lo que la noticia no dice es que la Comunidad de Madrid ya intentó privatizar una parte, el servicio de orientación jurídica para mayores, que se cedió a una conocida empresa, sin llegar a sacarlo a concurso público. El colegio de abogados recurrió ante la justicia la concesión, y ha conseguido la paralización cautelar de la cesión, a la espera de que se dicte sentencia. Pero esta cesión es una evidencia de por dónde van los tiros. El objetivo es que el servicio de asistencia jurídica gratuíta acabe en alguno o algunos de los grandes despachos, que pondrán al frente de esos casos a los becarios, y estarán cobrando por ofrecer un srvicio de mala calidad.