Las elecciones del 22 de mayo y las perspectivas para las generales próximas significan un cambio de ciclo político para una buena temporada. Es evidente que la nueva situación puede reforzar la estrategia de privatización neoliberal de sectores fundamentales: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, expropiar lo común para beneficio de unos pocos. Privatización que David Harvey llama acumulación por desposesión y que no es otra cosa que el despojo de un patrimonio social creado durante generaciones (educación, sanidad, pensiones, transporte, espacios públicos, etc.), que se entrega al capital privado para su explotación. Que cuando se implanta es un fiasco: ni benefician al usuario-consumidor ni funcionan mejor ni mejora la gestión.
En educación, de momento, no venden las escuelas e institutos. Las cosas son más sutiles: deterioran los centros públicos con los recortes de profesorado y de medios, aumentan las ratios, desmantelan la atención a la diversidad… Los convierten en guetos y los vacían de alumnado que huye hacia la privada concertada. Desprestigiar primero al servicio público para privatizar después.
Eso es lo que viene sucediendo en la Comunidad de Madrid. El último atropello se ha producido una vez acabado el curso, cuando la consejería de educación de la Comunidad de Madrid ha hecho públicas las instrucciones para el comienzo del curso próximo y ha remitido el cupo de profesores a los centros. La principal novedad es: una elevación del horario al menos a 20 períodos lectivos, a 18 a los jefes de departamento y a 21 los profesores de formación profesional. Las horas de tutoría, las jefaturas de departamentos didácticos o extraescolares no tendrán consideración de horas lectivas. Tampoco tienen reducción horaria los responsables de las TIC. Pero, eso sí, se apunta al pago de las tutorías y alguna otra función, sin decirse cuánto (el rumor es de 25,40 euros al mes por las 12 horas que los tutores hemos venido dedicando a tutoría con alumnos, a su preparación y a atención a padres) y sin entender que lo que queremos es tiempo para hacer bien nuestra labor.
Esto supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo, una destrucción de empleo, la desaparición de funciones educativas prestigiosas y un ataque sin precedentes a la enseñanza pública que reducirá la calidad educativa.
a) La jornada laboral lectiva sufrirá un aumento de 2 horas semanales mínimo por profesor y de tres horas para los tutores, que en su caso representa pasar de 16 horas a 20 en tan solo dos años por el recorte que ya hubo el año pasado. Es una modificación de condiciones de trabajo unilateral que va a disminuir la calidad de la tarea educativa y aumentar la penosidad de la función docente: más trabajo, menos tiempo de preparación y organización de las clases, más corrección de exámenes y más alumnado. Porque viene a equivaler a tener un grupo más de unos 30 alumnos por profesor, a añadir al centenar largo que se suele tener por cada profesor.
Para los jefes de departamento didácticos se convierten en horas complementarias las de dedicación al departamento, que siempre han sido consideradas lectivas (disponían de tres períodos lectivos a la semana, según la Orden del MEC de 29 de junio de 1994 –BOE del 5 de julio-, que regula el funcionamiento de los IES)
Hay que recordar que la jornada de los enseñantes de secundaria es, como la de todo funcionario, de 37,5 horas semanales, de las cuales 27 son presenciales y dentro de ellas entre 18 y 21 lectivas, compensándose a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo mayor de 18. Hacer demagogia subliminal con la jornada del profesorado, como es el caso de la consejería de educación, es intolerable ya que no explica que detrás de cada clase hay mucho trabajo de preparación y organización de las mismas, corrección de exámenes, participación en proyectos, entrevistas con alumnos, labor tutorial, etc. Sería lo mismo que decir que el trabajo de un periodista es únicamente el tiempo en el que se tarda materialmente en escribir un artículo.
b) La consecuencia directa del aumento de jornada lectiva es la supresión masiva de puestos de trabajo, porque no se trata de aumentar la jornada con los mismos profesores del curso pasado para mejorar la calidad. La destrucción de empleo se ha reflejado en los cupos enviados por la administración educativa a los centros: recortes de entre el 10 y el 12% de las plantillas, lo que supone un volumen agregado de 2.500 a 3.000 docentes menos en secundaria. Una auténtica y brutal reestructuración de plantillas que afectará al funcionariado interino con el despido y a otros funcionarios de carrera que se verán desplazados de sus actuales destinos. Es un auténtico Expediente de Regulación de Empleo, con rescisiones de contratos, que no se ha negociado con nadie.
Los compañeros/as interinos ya han sufrido un recorte de empleo de un volumen similar el curso anterior y han pasado de tener vacantes anuales a cubrir sustituciones de semanas, de cobrar las vacaciones a no cobrarlas y de tener trabajo a muchos no tenerlo. La situación para ellos se agrava en el marco del cerrojazo que se va a producir los próximos años como consecuencia de la finalización de las jubilaciones LOE a los 60 años y de la inseguridad que se ha generado sobre la convocatoria o no de oposiciones, las limitaciones de la tasa de reposición y los cambios en el sistema de acceso.
c) Una de las medidas más grave es el proceso de degradación hasta hacer desaparecer la función tutorial. Primero quitaron las tutorías en bachillerato, el curso pasado redujeron una hora en la ESO y ahora las consideran no lectivas para el tutor, pero sí lectivas para el alumnado que en la hora de tutoría recibirán refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés ¿por quién?. Es una medida disparatada e ilegal, que contraviene los principios de jerarquía normativa, que deja sin efecto los Planes de Acción Tutorial a pesar de su carácter prescriptivo y que cuestiona el papel de los departamentos de Orientación.
La desaparición práctica de la tutoría no es sólo por una visión tecnocrática, lo hacen también por razones ideológicas. Piensan que lo mejor es dedicar el tiempo de la tutoría a dar materia: instruir en vez de educar; no les gustan algunas de las actividades que se suelen realizar en las tutorías; saben que es una función que marca la diferencia con los privados y concertados en favor de la pública. Se niegan a entender que en la ESO se educa y no sólo se enseña, que es fundamental la tutoría para que crezcan como personas, que los resultados académicos dependen también del nivel de convivencia en el centro y ésta a su vez de los valores que se trabajan, mucho de ellos en las tutorías.
Olvidan que es básica para conocer al alumnado, integrarlo y atenderlo, desarrollar su participación, su motivación y su autoestima, generar dinámicas de grupo positivas, trabajar la convivencia y la resolución de conflictos, organizar la clase, relacionarse con las familias, realizar los viajes de fin de curso y las extraescolares, abrir la educación a la sociedad con la entrada de otros agentes y expertos educativos y, en definitiva, para mejora la calidad y hacer escuela pública.
Más ideología: suprimen las tutorías pero mantienen las horas de Medidas de Atención al Estudio, que son la alternativa obligada a la existencia de la religión católica en las escuelas públicas, sin que se puedan utilizar para ningún tipo de refuerzo curricular.
Otro ejemplo. En la Orden 2458-01/2011 (BOCM 24 de junio de 2011) que establece los módulos de financiación aplicables a los contratos de gestión de servicios públicos educativos en escuelas infantiles y casas de niños, se reducen los módulos económicos para el curso próximo y para ello se suprimen las actuaciones para las familias de los alumnos en horario de tarde. Más ideología firmada por la consejera Figar: parece que no les gusta la participación de los padres y unas casas de niños públicas más abiertas.
Es resumen, es una barbaridad dejar sin asistencia al alumnado de la ESO, desde 12 a 16 años, en lo que podríamos llamar el desfiladero de la adolescencia, que como bien saben las familias son años decisivos en la formación y crecimiento de los jóvenes y donde se juegan el fracaso escolar y su formación integral como personas. Llevo catorce años consecutivos siendo tutor en secundaria y sé de lo que hablo y, también, de lo positivamente que valoran las familias y los centros el buen trabajo tutorial. Espero que las asociaciones de AMPAS pongan el grito en el cielo y se movilicen contra esta medida.
d) Ataque a la calidad de la enseñanza pública, porque la escasez del cupo de profesores impedirá bajar la ratio de alumnos organizando desdobles y grupos flexibles en asignaturas instrumentales como Lengua y Matemáticas o en Inglés, tener apoyos, recuperación de pendientes, laboratorios en ciencias, etc.
Porque bajará la calidad del profesorado cuando para completar horarios se amplían las materias “afines” y tengan que dar otras materias no propias de su especialidad; por ejemplo clases de inglés los de filosofía, clases de tecnología los de plástica, clases de lengua los de francés y todos son situaciones reales que conozco directamente. Porque tendrán menos horas para preparar su clases, para corregir con prontitud, para atender a los alumnos y explicarles lo que no entienden, para entrevistas, control del absentismo, llamada las familias, etc. Porque seguirá golpeando a uno de los colectivos más afectado en los últimos años: los profesores de atención a la diversidad (compensatoria, trabajo social, orientación, etc.)
Pero sobre todo supone una estocada a la educación pública porque desmotiva e intenta desmoralizar al profesorado, que es un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las medidas son propias de una mentalidad de contable neoliberal y son exactamente lo contrario al reconocimiento social de profesorado con el que se llenan la boca todos los partidos políticos en campaña electoral. Lo único cierto es que en Madrid se destruye empleo, aumenta su inseguridad, sube la jornada, se bajan las retribuciones y se selecciona negativamente el alumnado de la enseñanza pública al escolarizarse de forma desequilibrada los alumnos con necesidades de compensación educativa entre la doble red con financiación pública.
Lo curioso de la situación es que era la crónica de una agresión anunciada. Ya habían suprimido las tutorías con carácter lectivo en bachillerato, ya se habían perdido muchos empleos el curso pasado al elevarse la jornada en ciclos formativos y a 19 horas a bastantes profesores; apenas se había aplicado la reducción de jornada a los mayores de 55 años; se habían degradado las condiciones de trabajo y retributivas de los interinos; se redujeron los recursos para la atención a la diversidad.
Pero no hubo respuesta suficiente y toda agresión no contestada se considera debilidad e invita a nuevos ataques. Lo mismo que todo recorte de derechos sin movilización se consolida y se puede perder para siempre, con la excusa de la crisis, sin que se recuperen aunque algún día ésta se supere.
¿Qué hacer ante esta situación? Todo menos desmoralizarse, todo menos acabar instalados en la queja y en la impotencia en las salas de profesores. Que no nos quiten la motivación y el compromiso con la educación pública. Tampoco limitarnos al regateo (en el que nos quiere meter la consejería) sobre los flecos, de tal manera que en vez de recortar diez profesores en un centro al final solo sean 7 u 8 y parezca que encima ha sido un triunfo. Se trata de plantar cara a los recortes en vez de estar quejándonos todo el año.
Porque en la educación no se puede aplicar aquella máxima de nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo, dicha al tiempo de encender un cigarro y tomarse una larga pausa. Los alumnos son personas, no ladrillos ni papeles y tendremos que seguir haciendo bien, con profesionalidad, nuestra tarea. Nuestro malestar debe de volcarse hacia los responsables del mismo, nunca deben de pagarlo el alumnado ni sus familias. Pero sólo estaremos tranquilos con nosotros mismos si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por combatir las agresiones, por protestar el máximo posible, por animar a otros compañeros a hacerlo. Protesta y oficio, es nuestro derecho y nuestra obligación.
Han tomado las medidas con la alevosía propia de otros tiempos, cuando no hay capacidad de respuesta. La reunión de directores se quedó en el rechazo y en la exigencia a la administración de que revise las instrucciones y el cupo, pero muchos lo firmarán una semana después haciendo constar los planes y proyectos que no se pueden desarrollar por la escasez de medios. Los sindicatos (no todos) también han expresado su desacuerdo y han anunciado algunas medidas legales y ya veremos qué movilizaciones.
Creo que se debe de producir un movimiento de base en defensa de la escuela pública que responda a las agresiones. Algo así como el movimiento que pusimos en pie en Vallecas el curso pasado de Vallecas no se calla. Se puede demostrar que la educación pública, es mejor, con más calidad, con un profesorado más seleccionado y con más democracia en el funcionamiento de los centros que en la privada. Por eso y porque es de todos los ciudadanos hay que defenderla. No debe estar sometido a un régimen de control privado que tiene la búsqueda de beneficios económicos como algo consustancial a su carácter. Lo público debe de permitir centrarse en el bienestar social y en el caso de la educación en asegurar el acceso a ella de todas las personas y formar a ciudadanos preparados, críticos y participativos.
A la espera de la propuesta de movilización y de huelga que deberán realizar los sindicatos, creo que podrían desarrollarse acciones como las que siguen, la mayoría debatidas en mi instituto estos días y llevadas a la asamblea de educación del movimiento 15-M:
1. Negativa del profesorado a asumir las jefaturas de departamento y las tutorías por no poderse realizar en condiciones dignas al no disponer de tiempo específico para ejercerlas por no reconocerse su carácter lectivo: Estas decisiones individuales y colectivas deberían adoptarse en las reuniones de los departamentos que se celebrarán tras los claustros de principio de septiembre para distribuir los horarios.
2. Convocar a las familias de cada centro a asambleas para explicar la nueva situación, cómo les afectará a sus hijos y a ellos, y debatir iniciativas movilizadoras.
3. Constitución de los claustros en sesión permanente en los centros protestando por las medidas y su conversión en encierros con la participación de toda la comunidad educativa, que enlazaría con la siguiente propuesta:
4. Realizar una gran Jornada de Protesta contra los Recortes y en Defensa de la Escuela Pública el 14 de septiembre, día del comienzo de curso, para expresar que así no es posible comenzar un año lectivo con garantías de calidad y de éxito escolar. Con mucho color verde de las camisetas “Escuela Pública de tod@s y para todo@s”
5. Llenar la Puerta del Sol (donde se encuentra la sede del gobierno de Esperanza Aguirre, responsable primera de la agresión) de manifestantes el 15-S en defensa de la enseñanza pública y de todo lo público.
El profesorado, las familias y el alumnado, los sindicatos, la asociación de directores, las plataformas por la escuela pública y el movimiento 15-M. tienen el reto de levantar la bandera de la defensa de lo público y aplicar una estrategia de resistencia contra las políticas conservadoras. Hay que pelear por una educación pública digna y de calidad, porque hay que considerar la escuela como el lugar de encuentro de la comunidad educativa, con multitud de voces e intereses, lugar de plasmación de pensamientos, de ideas y de sueños. Desde abajo seguimos creyendo en lo que hacemos y seguimos trabajando para mejorar, pese a las dificultades. Es demasiado importante lo que está en juego para dedicarnos a llorar por los rincones.
Agustín Moreno. Profesor de Secundaria. Vallecas
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