lunes, 11 de junio de 2012

ARGUMENTARIO SOBRE EL RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. Queremos saber la verdad sobre la crisis de la banca

    Después de un plan de ajuste que ha hundido a la economía española en la recesión, de una reforma laboral que ha provocado 400.000 parados más, y de dos reformas bancarias que han supuesto ayudas públicas a la banca privada de más de 150.000 millones de euros, el Gobierno Rajoy ha solicitado “una línea de crédito” a los mecanismos de la UE, hasta un techo de 100.000 millones de euros (10% del PIB).

Si no fuera trágica, y supusiera la miseria para miles de familias, la situación seria cómica a fuer de patética. En el doble lenguaje que ha hecho suyo el gobierno en defensa de la “marca España”, no se trata de un rescate sino de "un préstamo en inmejorables condiciones". Pero la doble condicionalidad está reflejada blanco sobre negro en el comunicado del eurogrupo: para el sector bancario y para el cuadro macroeconómico. Es decir, más ajustes, más recortes, menos crédito. Un nuevo trasvase de deuda privada a deuda pública.

Porque, aunque un endeudamiento adicional del 10% del PIB -lo que situaría al Reino de España en una deuda aproximada del 80% del PIB a finales del 2012-, no sería grave y seguiría por debajo de muchos países de la UE, incluida Alemania, lo realmente preocupante es que se trata de un endeudamiento que tendrán que pagar los ciudadanos para recapitalizar la banca privada. Todo ellos para seguir sometidos a la irracional disciplina neoliberal del gobierno del PP y de la UE. Se rescata a los bancos privados a costa de las familias, los trabajadores, los pensionistas y los parados. Al contrario, lo que se necesita es una banca pública para dar respuesta a esas necesidades.

Este es el mecanismo: 100.000 millones de euros de la UE, en “condiciones más ventajosas” (¿cuáles?) que se inyectarán como capital público en unos bancos que, a pesar de ser en buena parte, cuando no en casi toda, de propiedad pública, tendrán que cumplir, como primera condición, seguir siendo gestionados de forma “técnica y privada”. Es decir, se obliga al estado a subcontratar la gestión de “su” banca pública, para reestructurarla, vender activos, cerrar oficinas, despedir a trabajadores y finalmente "reprivatizarla". ¿Podrá el estado poner condiciones a su banca pública, como a quién dar crédito, la dación en pago, la compra de bonos del estado? La respuesta de la UE es: No.

Se trata, pues, de una estafa. Que además tendremos que pagar todos los españoles. Porque a pesar de lo que diga un Presidente del Gobierno analfabeto económicamente, este 10% del PIB si va a sumarse a la deuda pública. ¿Con qué legitimidad endeuda el gobierno a cada uno de los españoles en 2.000 euros más (15.200 a finales del 2011)? ¿Dónde estaba en su programa electoral? ¿A quién ha preguntado? Por definición no existen las “estafas democráticas”, existen simplemente las estafas, que suelen ser profundamente antidemocráticas, como es el caso. El gobierno del PP ha demostrado en pocos meses su incapacidad para responder a la crisis. Su mayoría absoluta ya no se corresponde con las actuales necesidades políticas y sociales.

CCOO y UGT han exigido un referéndum ciudadano sobre el conjunto del plan de ajuste neoliberal del Gobierno Rajoy. Ahora es más necesario que nunca, por pura higiene democrática. Necesitamos un acuerdo de toda la izquierda, del movimiento sindical, del 15M, de la ciudadanía para exigir un referéndum sobre el ajuste y el rescate, porque no tienen legitimidad para hacerlo en nuestro nombre.

Y antes, exigimos información, luz y taquígrafos: una auditoria de la deuda pública, una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia y las otras Cajas de Ahorros en quiebra, la acción del Fiscal General del estado sobre la responsabilidad de la gestión de Bankia y las Cajas intervenidas…una explicación contable fiable del estado de las cuentas públicas por Rajoy en el Congreso.

Para conseguirlo hace falta la movilización social. Sin ignorar que las prisas se deben a que el 17 de junio es probable que haya un gobierno de izquierda en Grecia que diga No y exija un cambio de rumbo de la política económica en toda Europa.

Esta estafa hay que pararla en la calle y con un referéndum.

¿Cómo han llegado a esta situación?
Ni los Gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron detener la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE y el PP, colaboraron de forma sobresaliente en la misma.

Pero ha habido algo más que eso. Créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de infraestructuras sin ningún respaldo serio (que han dado lugar a aeropuertos inútiles y a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y polígonos sin uso).

Y ha habido también una gestión deplorable. Retribuciones y pensiones escandalosas, falsedad en los balances contables y una escasa diligencia culpable en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Queremos saber lo que ha pasado y quienes son los responsables
Izquierda Unida ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados que depure las responsabilidades políticas y administrativas que existan en la gestión de las instituciones financieras, en el trabajo de los organismos de supervisión y en la acción de las autoridades políticas y administrativas. Esta Comisión debe tratar especialmente la gestión en las instituciones intervenidas o que puedan intervenirse, como BFA/Bankia, Bancaja, la CAM, Caja Castilla La Mancha, NovaCaixaGalicia, UNIMM, el Banco de Valencia y otras.

Se trata de crear una auténtica 'Comisión de la Verdad' sobre la crisis de las instituciones financieras españolas.

Pero esta Comisión no encuentra apoyo en los partidos mayoritarios. Realmente tienen responsabilidades compartidas en todo el proceso que nos ha llevado a esta situación y eso explica sus resistencias.

No obstante, si esa Comisión no sale adelante y/o complementariamente a su trabajo, Izquierda Unida, apelando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, está dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un auténtico Tribunal Social sobre las Responsabilidades en la Crisis de las Instituciones Financieras.

Vamos a pagar con nuestros impuestos el agujero financiero de Cajas y Bancos y tenemos derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades para que los culpables sean identificados y castigados.

Mañana, 12 de junio, Cayo Lara presentará en el Congreso la moción de IU para la creación de la 'Comisión de la Verdad'. La intervención se realizará en el sesión plenaria de la tarde, que comenzará a las 16.00 horas. Lara intervendrá en el punto 4 del orden del día.

Podéis encontrar la moción AQUÍ y os animo a leer el ARGUMENTARIO SOBRE EL RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. Asimismo, os animo a difundir los materiales de la campaña POR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD.